El caso de Elena Varela

Cine documental y libertad de expresión

Por Pedro Anguita Ramírez y Domingo Lovera Parmo

Hacia fines de los 90 Human Rights Watch daba cuenta del precario estado de la libertad de expresión en Chile y decía que las limitaciones a esa libertad en este país no tenían parangón en las democracias occidentales.

Esa precariedad se manifestaba en las prácticas administrativas y judiciales (estableciendo censuras) y también en las restrictivas condiciones legales (Ley de Seguridad Interior del Estado) y constitucionales (con un sistema de censura cinematográfica). Ese estado de cosas le valió a Chile una condena del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por impedir la exhibición de la película La Última Tentación de Cristo.

Las cosas, sin embargo, fueron cambiando. Se eliminó parte importante de las disposiciones más drásticas de la Ley de Seguridad Interior del Estado, se reformó la Constitución para eliminar las facultades censoras del Consejo de Calificación Cinematográfico; se estableció un sistema de acceso a la información pública; se derogaron las normas sobre desacato; y se limitó la restricción de la libertad de expresión para los estados de excepción constitucionales.

A partir de eso se podría pensar que las cosas en Chile andan relativamente bien. Pero la detención de la documentalista Elena Varela y la incautación de cintas y materiales de trabajo, sugieren lo contrario. Lo que es más grave, no solo demuestran que la libertad de expresión sigue siendo objeto de fuertes restricciones, sino que, además, esas limitaciones se llevan a cabo a la usanza de los sistemas de represión dictatorial más cruentos. Un rápido repaso de las circunstancias que rodearon su detención nos dan razón (*).

Elena Varela, cineasta y documentalista, fue detenida en mayo de 2008, mientras desarrollaba su documental Newen Mapu Che, la fuerza de la gente de la tierra, que apunta a relatar la vida de las comunidades mapuches, sus dificultades y demandas en el contexto del conflicto chileno-mapuche en la región de la Araucanía. El proyecto incluso cuenta con financiamiento estatal.

(Trailer del documental)




A las 9 de la mañana del 7 de mayo de 2008, mientras Varela y su equipo técnico trabajaban en el documental, llegaron 20 uniformados a su casa, la detuvieron y la subieron en una camioneta apuntándola durante todo el tiempo con una pistola. Se la llevaron esposada y su traslado hasta la Cárcel de Rancagua habría sido escoltado por más de 100 policías. Cerca de 20 efectivos policiales allanaron la casa e incautaron los computadores y el material audiovisual disponible. Todo el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental Newen Mapu Che fueron incautados por la Policía de Investigaciones. Además se llevaron otras cintas pertenecientes a Sueños del Comandante, el otro proyecto documental Varela.

También la obligaron, sin explicación, a visitar distintos lugares en busca de mayor información sobre sus actividades artísticas. Fue llevada a Panguipulli, a la escuela municipal en la que ella solía dar clases de música, a fin de revisar el lugar y buscar información sobre su vida. Aunque intentaron obligarla a bajar de la camioneta, debido a la resistencia que opuso, logró mantenerse en el vehículo mientras el jefe a cargo de la operación revisaba el lugar. Luego se fueron a Temuco, a los cuarteles centrales de la Policía de Investigaciones, donde un grupo de periodistas la esperaba. Recién en ese momento se le habría notificado la razón de su detención.

De acuerdo al acta de formalización, Varela se dedica—junto a otras personas a las que se encuentra asociada—a cometer robos y asaltos en lugares “en que se encuentran grandes sumas de dineros en efectivo… [que luego es] destinado al beneficio propio y a la mantención de lo que ellos llaman un trabajo político…”.

El proceso criminal que se le ha abierto deberá determinar su responsabilidad en los delitos que se le imputan. Tenemos sí una duda razonable: la dedicación al trabajo documental suele presentar ciertas incompatibilidades con algunos oficios, sin duda dentro de los cuales se encuentran los asaltos a mano armada. O se cargan cámaras o revólveres, no ambos. Otra dimensión que nos parece esencial es el respeto tanto al derecho de propiedad del material fílmico incautado, como a la vulneración a la libertad de expresión de Elena Varela. En las filmaciones que llevaba a cabo antes de su detención, recabó testimonios de muchas personas que por temor a represalias o amenazas le exigieron que no se relevaran sus identidades. La incautación de las cintas ha significado una flagrante violación al secreto profesional que Elena tiene sobre sus fuentes, derecho al que ni la fiscalía ni la policía parecen otorgarle alguna importancia.

Los documentales que realizaba Elena Varela se han detenido. Y también la necesidad y deseo ciudadano de saber realmente que sucede en el sur de nuestro país. La vulneración de la libertad de expresión de una persona, como tantas veces en la historia la padecemos todos.

(*) Los hechos que se relatan a continuación se extraen de la solicitud de medidas cautelares presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.